Editorial 26/5/2026
Uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento adecuado del Estado social y democrático de derecho, lo constituye el principio consagrado de separación de poderes o de funciones estatales con el propósito de proteger derechos, garantizar justicia con dignidad y proveer servicios a los ciudadanos.
Asi como el Poder Ejecutivo administra las instituciones del gobierno central, el Poder Legislativo produce leyes para regular la convivencia social, el Poder Judicial administra institucionalmente las leyes y en base a ellas, le toca impartir justicia para todos.
Hemos visto que en los últimos tiempos, asociaciones de jueces han protestado y manifestado grandes inconformidades con las condiciones laborales que les ha tocado: sobrecarga de trabajo, salarios bajos, pensiones insuficientes y falta de personal administrativo en los juzgados.
En esa dirección, el pais necesita tener un sistema judicial fuerte, representativo e independiente para generar confianza y seguridad juridica como elementos indispensables para la lograr la estabilidad, el progreso y la prosperidad.
Jueces con mejores salarios y asignación de incentivos, tribunales bien equipados con los recursos humanos especializados para cubrir todas las áreas, asi como, lograr el cumplimiento cabal de la ley 194-04 que consagra la asignación del 2.66% de los ingresos públicos para la función judicial, debe ser un imperativo para evitar que se deteriore aun mas la imagen de la judicatura y que haya que estar haciendo huelgas de magistrados que paralizan o cancelan los procesos judiciales.
