𝐏lanificación territorial, ambiente y vida cotidiana en la 𝐑epública 𝐃ominicana

𝑃𝑜𝑟 𝐿𝑢𝑖𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑣𝑎𝑗𝑎𝑙 𝑁𝑢́𝑛̃𝑒𝑧

𝐀𝐑𝐓𝐈́𝐂𝐔𝐋𝐎 𝟔 𝐃𝐄 𝟔

𝐐𝐔𝐈𝐄́𝐍 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎:

𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀, 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐑𝐑𝐎𝐑𝐄𝐒, 𝐀́𝐑𝐄𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐆𝐈𝐃𝐀𝐒 𝐘 𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐃𝐀𝐍𝐈́𝐀

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𝐈𝐃𝐄𝐀𝐒 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄𝐒

𝐈𝐝𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝟏: Decidir sobre el territorio es decidir sobre agua, vivienda, salud, producción, riesgo, cultura, paisaje y futuro. Por eso, la planificación no puede quedar encerrada en oficinas ni subordinada al mercado.

𝐈𝐝𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝟐: La consulta pública debe ser temprana, informada, territorialmente representativa y verificable. 𝐋𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫, 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐲 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫.

𝐈𝐝𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝟑: Cuando se asigna mal una función al territorio, el error debe corregirse con suspensión, revisión técnica, reclasificación, restauración, sanción y aprendizaje institucional.

𝐈𝐝𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝟒: Las áreas protegidas, las reservas de biosfera, las cuencas, los humedales, las zonas de recarga y los corredores ecológicos deben funcionar como 𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐛𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚.

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𝐋𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚. Define dónde se conserva el agua, dónde se produce alimento, dónde se puede construir, dónde no debe construirse, qué zonas deben restaurarse, qué territorios deben protegerse y qué actividades deben excluirse por incompatibilidad ambiental, social o sanitaria.

Este último artículo no es un cierre administrativo. 𝐄𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐝𝐚, 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥.

Durante esta serie hemos insistido en una idea esencial: 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐢́𝐚. Tiene agua, suelos, pendientes, humedales, bosques, cañadas, ríos, costas, barrios, conucos, caminos, memoria, riesgos y comunidades. Cuando esas funciones se desconocen, el llamado desarrollo se convierte en desorden, desigualdad y daño.

También vimos que los mapas no siempre conversan entre sí. El mapa político-administrativo dice una cosa; el mapa de cuencas dice otra; el de pendientes advierte otra; el de zonas de vida revela otra; el de áreas protegidas marca límites; y el de la pobreza muestra quién termina cargando los impactos.

𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐩𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫: 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚, 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.

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𝐐𝐔𝐈𝐄́𝐍 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐃𝐄 𝐘 𝐂𝐎𝐍 𝐐𝐔𝐄́ 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎

La pregunta central es sencilla y profunda: ¿𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨? No debe decidir una sola institución, un funcionario aislado, un ayuntamiento presionado, una empresa con dinero, un ministerio sin escuchar a la gente ni una consulta convocada cuando todo está decidido.

La rectoría nacional corresponde al Estado, y el país cuenta con instrumentos legales e institucionales para ordenar el uso del suelo, territorializar políticas públicas y articular regiones, municipios y sectores. Pero 𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐬𝐢𝐫𝐯𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐞 𝐮𝐬𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬, 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐲 𝐬𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.

Deben participar las instituciones públicas responsables de planificación, ambiente, agua, salud, vivienda, agricultura, turismo, energía, minería, estadística e información geográfica; pero también ayuntamientos, universidades, academias científicas, colegios profesionales, juntas de vecinos, asociaciones campesinas, pescadores, juntas de regantes, mujeres, jóvenes, personas mayores y quienes viven, trabajan y sufren las consecuencias directas de cada decisión.

𝐋𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚; 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫. La técnica ayuda a medir, mapear y proyectar. La democracia decide para quién se ordena, a quién se protege, a quién se escucha y qué intereses se colocan por encima de la vida común.

Por eso, una comunidad organizada no debe esperar a que llegue la máquina. Debe preguntar antes: ¿𝐪𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐨́?, ¿𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐥𝐨 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐨́?, ¿𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞́ 𝐦𝐚𝐩𝐚𝐬?, ¿𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞́ 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨?, ¿𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞́ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚?, ¿𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐠𝐚𝐧𝐚?, ¿𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐞?, ¿𝐪𝐮𝐞́ 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞?, ¿𝐪𝐮𝐞́ 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚?, ¿𝐪𝐮𝐞́ 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚?

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𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀 𝐏𝐔́𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐍𝐎 𝐏𝐔𝐄𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐑 𝐔𝐍 𝐓𝐑𝐀́𝐌𝐈𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎

Consultar no es reunir a la gente para explicarle una decisión ya tomada. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐬 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐯𝐢́𝐚 𝐬𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨, 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚, 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐚́𝐫𝐞𝐚 𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧.

Una consulta real debe ofrecer información comprensible: 𝐦𝐚𝐩𝐚𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨𝐬, 𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐚, 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬, 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐝𝐚𝐬, 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨.

𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥. Si una comunidad dice que una zona se inunda, que un terreno era humedal, que una cañada fue tapada o que una concesión cae sobre una zona productora de agua, el Estado debe verificarlo y responder técnicamente, de cara al país.

𝐋𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫, 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐲 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫. Después del daño, la consulta se parece demasiado a una excusa.

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𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐁𝐄 𝐄𝐗𝐈𝐆𝐈𝐑

Toda comunidad tiene derecho a pedir mapas de cuenca, pendientes, riesgos, suelos, zonas de vida, áreas protegidas, humedales, cañadas, riberas, acuíferos, zonas de recarga, autorizaciones ambientales, concesiones, planes municipales de ordenamiento, estudios de impacto, actas de consulta, cronogramas de monitoreo y responsables institucionales.

También debe preguntar: ¿𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐚𝐠𝐮𝐚?, ¿𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞?, ¿𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐡𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥?, ¿𝐟𝐫𝐚𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐛𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞?, ¿𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐠𝐮𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐝𝐚𝐬?, ¿𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨𝐬𝐨𝐬?, ¿𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐢́𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬?, ¿𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬?, ¿𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬?, ¿𝐢𝐧𝐯𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬?, ¿𝐜𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨?, ¿𝐪𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚?

𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚. Se convierte en sujeto de derecho, vigilante del territorio y fuerza social capaz de obligar al Estado a mirar lo que muchas veces intenta ignorar.

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𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐅𝐔𝐄 𝐌𝐀𝐋 𝐀𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐃𝐎

Un error de asignación territorial ocurre cuando se autoriza una función incompatible con el lugar: minería en zona productora de agua, urbanización en llanura inundable, relleno de humedal para turismo, vertedero sobre acuífero, industria contaminante junto a barrios, asentamiento sobre cañadas, carretera sobre laderas frágiles o infraestructura pesada en zona ecológicamente sensible.

𝐄𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬: 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐠𝐢𝐫𝐬𝐞.

La ruta es clara:

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨, identificar técnicamente el conflicto mediante mapas de cuenca, pendiente, riesgo, zona de vida, acuífero, humedal, área protegida, población afectada e infraestructura existente.

𝐒𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨, aplicar una medida precautoria inmediata: suspensión temporal, revisión de la autorización, paralización preventiva o declaración provisional de protección.

𝐓𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫𝐨, hacer una revisión institucional obligatoria: planificación revisa coherencia territorial; Medio Ambiente revisa compatibilidad ambiental; INDRHI revisa agua y cuencas; el ayuntamiento revisa uso de suelo; y la institución sectorial debe demostrar que no se comprometen funciones superiores del territorio.

𝐂𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨, corregir administrativamente: reclasificar el suelo, modificar planes, revocar o no renovar autorizaciones, rediseñar proyectos, trasladar infraestructuras, ordenar restauración o imponer sanciones.

𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐨, reparar: restaurar el ecosistema, compensar cuando corresponda, establecer monitoreo independiente y evitar que el error se repita.

𝐔𝐧 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬: 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐠𝐞. Y una sociedad organizada debe exigir que corregir sea parte normal de la planificación, no una concesión excepcional.

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𝐀́𝐑𝐄𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐆𝐈𝐃𝐀𝐒, 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐁𝐈𝐎𝐒𝐅𝐄𝐑𝐀 𝐘 𝐋𝐔𝐂𝐇𝐀𝐒 𝐀𝐌𝐁𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒

𝐄𝐥 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀́𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐛𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬. Las áreas protegidas no son islas verdes rodeadas de cualquier uso. Son núcleos de conservación conectados con cuencas, corredores biológicos, zonas de amortiguamiento, territorios rurales sostenibles y políticas de desarrollo compatibles.

Un parque nacional, una reserva científica, un monumento natural, un refugio de vida silvestre o una vía panorámica no son obstáculos al desarrollo: son garantías de agua, biodiversidad, paisaje, investigación, identidad, turismo responsable, educación ambiental, seguridad climática y bienestar colectivo.

𝐋𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞, 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨. Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y Madre de las Aguas muestran que el territorio dominicano exige visión ecológica amplia. Madre de las Aguas recuerda algo decisivo: 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐝𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬.

Esa misma lógica debe aplicarse a la Cordillera Septentrional, Los Haitises, Sierra de Bahoruco, Sierra de Neiba, Loma Quita Espuela, Ébano Verde, Valle Nuevo, las Cuevas del Pomier, Laguna Rincón o Cabral, Laguna Saladilla, manglares, humedales costeros, riberas urbanas y zonas de recarga. Cada espacio cumple funciones que sobrepasan su tamaño visible en el mapa.

Las luchas contra la cementera en Los Haitises, contra la mina del Higo en Bonao, contra la presa de cola en Guance, la batalla frente a Barrick contra la presa de cola en El Naranjo, la resistencia social por las Cuevas del Pomier y la defensa permanente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas enseñan lo mismo: 𝐬𝐢𝐧 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐜𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨.

Son tantas las batallas en curso y las que vendrán que enumerarlas ocuparía todo el trabajo. En ellas —𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠— se ha ido formando la experiencia que nos dice por dónde caminar y a qué debemos ponerle atención.

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𝐔𝐍𝐀 𝐉𝐄𝐑𝐀𝐑𝐐𝐔𝐈́𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐃𝐈𝐑

𝐋𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐣𝐞𝐫𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬. Sin jerarquía, todo parece negociable; y cuando todo parece negociable, ganan quienes tienen más dinero, más presión política o más capacidad de imponer hechos consumados.

La jerarquía debe ser clara: 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨; 𝐥𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚; 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬; 𝐥𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚; 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨𝐬; 𝐥𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞; 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚𝐬; 𝐲 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐥𝐨𝐬 𝐮𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬, 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬.

Esa jerarquía no elimina la economía: la ordena. No niega la inversión: le pone límites. No impide obras públicas: exige que reduzcan desigualdad sin producir nuevos daños.

𝐄𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞.

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𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐈𝐑 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐑 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎

𝐄𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚. Las comunidades necesitan comités de vigilancia, redes de cuenca, observatorios ciudadanos, archivos comunitarios, mapas propios, fotografías georreferenciadas, alianzas con universidades, acompañamiento técnico, vínculos con academias científicas, comunicación popular, presencia en consultas públicas, seguimiento a expedientes y capacidad de movilización.

No se trata de sustituir al Estado. 𝐒𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐚 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫 𝐬𝐮 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫.

Pero para construir ese poder, 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐞. Debe saber qué cañada amenaza al barrio, qué ladera puede deslizarse, qué humedal fue reducido, qué nacimiento de agua sostiene a la comunidad, qué familia vive bajo mayor fragilidad, por dónde puede empezar el daño y hasta dónde puede llegar.

𝐍𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢́𝐧𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨. Cada comunidad debe aprender a leer su suelo como quien lee una historia familiar: con memoria, con cuidado, con amor y con sentido de responsabilidad. La fragilidad de una ribera, el polvo de una cantera, el relleno de un humedal, la contaminación de un río o la ocupación de una zona de recarga no son hechos aislados: son señales de un modelo que quiere decidir sobre la vida sin escuchar a quienes la sostienen.

Por eso, 𝐥𝐚𝐬 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝. La defensa de una cañada en un barrio de Higüey debe conversar con la resistencia de la Cordillera Central frente a la megaminería metálica, con el reclamo de Azua contra las barcazas contaminantes, con quienes enfrentan el relleno de humedales en Samaná, con quienes defienden el Cinturón Verde de Santo Domingo, con quienes protegen manatíes, bosques, ríos, cuevas, manglares o especies amenazadas.

𝐂𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬; 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐫𝐩𝐨 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫. Una cañada no es solo una cañada: es agua, barrio, salud, riesgo, pobreza, memoria urbana y derecho a vivir sin miedo. Una loma no es solo una loma: es lluvia, infiltración, bosque, suelo, paisaje, comida, identidad y futuro. Un humedal no es un terreno vacío: es defensa natural, criadero de vida, amortiguación de inundaciones y respiración profunda del territorio.

La dialéctica de lo concreto nos obliga a mirar cada barrio, cada río, cada loma, cada playa, cada humedal y cada conuco en su singularidad. Pero 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞́𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮́𝐧 𝐧𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮́𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨. No basta ganar una batalla local si el modelo que destruye sigue intacto en otra cuenca, en otra cordillera, en otra costa, en otro municipio o en otro barrio.

Por eso necesitamos redes que atraviesen comunidades, cuencas, municipios, cordilleras, costas y país; redes capaces de convertir el conocimiento local en herramienta nacional, la memoria de cada comunidad en prueba compartida y la defensa de cada lugar en defensa de la vida común.

𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐨 𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞: 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐢́𝐳 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.

Una comunidad puede organizar un expediente básico del territorio: mapa de ríos y cañadas, zonas que se inundan, lugares de deslizamiento, nacimientos de agua, pozos, humedales, áreas agrícolas, caminos, vertederos, descargas, puntos de contaminación, zonas de riesgo, sitios de memoria y actividades productivas.

También puede construir una memoria de daños: cuándo empezó una cantera, cuándo se rellenó un humedal, cuándo se contaminó un río, cuándo se ocupó una cañada, cuándo llegaron las aguas negras, cuándo apareció el polvo, cuándo se perdió el bosque, cuándo enfermó la comunidad.

𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚. 𝐄𝐥 𝐦𝐚𝐩𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚. 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫.

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𝐑𝐄𝐆𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐁𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍

La planificación territorial debe decir con claridad:

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚, 𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐡𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥, 𝐥𝐚 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐠𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐟𝐫𝐚́𝐠𝐢𝐥, 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐚́𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚, 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨, 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝, 𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐧𝐞𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐚𝐠𝐫𝐢́𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚;

𝐲 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐝𝐚 𝐲 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞́𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨, 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨.

Esa regla puede discutirse en una escuela, una junta de vecinos, una asociación campesina, una iglesia, una universidad, una reunión de regantes, un sindicato, una asamblea comunitaria o una marcha ambiental.

Porque 𝐞𝐥 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨𝐬. Pertenece a la gente que bebe agua, cultiva la tierra, vive en barrios vulnerables, cruza cañadas, respira polvo, sufre inundaciones, defiende montañas, cuida ríos y quiere dejar un país habitable a sus hijos.

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𝐄𝐍 𝐒𝐈́𝐍𝐓𝐄𝐒𝐈𝐒

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞. Planificar es decidir con responsabilidad antes de que la lluvia denuncie la improvisación, antes de que la sequía revele el abandono, antes de que el río arrastre lo que no quisimos ordenar, antes de que la montaña herida se convierta en derrumbe y antes de que una comunidad entienda demasiado tarde que otros decidieron por ella.

𝐄𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐨 𝐚𝐲𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬. También se defiende cuando la población aprende a leer mapas, revisar autorizaciones, reconocer riesgos, cuidar cuencas, proteger humedales, exigir saneamiento, vigilar presupuestos, cuestionar proyectos y construir organización.

Esa es la importancia de conocer estas herramientas: 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐩𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐚.

Y porque 𝐮𝐧 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐚 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐬𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞𝐬: empieza a ejercer derechos, a construir organización, a defender el futuro y a levantar, desde cada comunidad, 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫.